​​La minería en el sur de Venezuela, representada en el Arco Minero, se ha convertido en una actividad imbuida dentro de una gran trama delincuencial organizada que llega a todos los niveles del poder político y militar. Uno de los actores irregulares clave dentro de esa compleja trama son los Grupos Armados Organizados (GAO). En […]

Artículo de Semana | 18 de enero, 2022

Investigación de InsightCrime | 17 de noviembre, 2021

Lejos de ser una actividad minera legal, que arroje beneficios para el Fisco Nacional, la minería del coltán no es otra cosa que una actividad totalmente sumergida en la corrupción y que tiene por finalidad el enriquecimiento de particulares: políticos oficialistas, militares, guerrilleros (aunque éstos seguramente como medio para el financiamiento de sus operaciones como organización delictiva) y cooperantes financieros y técnicos del régimen. Es una actividad que, a costa de los profundos impactos sociales que tiene sobre comunidades indígenas vulnerables, no tiene otra finalidad que la de enriquecer las operaciones ilegales de estos actores y sus propios bolsillos.

El Parque Nacional Yapacana tiene 2.000 hectáreas de su superficie bajo una minería aurífera absolutamente ecocida. El impacto sobre sus ecosistemas no sólo lo es en términos de superficie directamente destruida, sino además por el efecto radial y expansivo de los más de 2.000 mineros que están ocupando el Parque Nacional actualmente. Esto hace que Yapacana sea, sin duda, el que tiene mayor nivel de destrucción de entre los 44 parques nacionales venezolanos. La minería ya estaba allí presente desde mediados de la década de los 80, en unas dimensiones muy pequeñas, pero su crecimiento acelerado se inició en el año 2004 y tomó una pendiente muy alta a partir de 2012 y 2014. Toda minería, dentro de Yapacana como en el resto del estado Amazonas, es ilegal. Desde sus orígenes la minería estuvo vinculada a un negocio dirigido desde Colombia y protegido por la guerrilla de ese país. Ocasionalmente las autoridades venezolanas realizaron acciones de desalojo de los mineros.