La actividad minera ya estaba presente en muy pequeña escala a partir de mediados de la década de 1980, pero su acelerado crecimiento se inició en el año 2004 y tomó una trayectoria exponencial a partir de 2012 y 2014. Toda la actividad minera dentro de Yapacana, así como en el resto del estado Amazonas, es ilegal. Desde sus inicios, esta actividad minera ha estado vinculada a una operación empresarial dirigida desde Colombia y protegida por la guerrilla de ese país. De vez en cuando, las autoridades venezolanas han tomado medidas para desalojar a los mineros. Sin embargo, paulatinamente y cada vez más, las autoridades venezolanas han dejado de tomar medidas efectivas y han cedido el control del ELN. Esta rendición ha sido pactada bajo un esquema criminal que beneficia a militares y políticos venezolanos. Sin duda, Yapacana es la zona minera más grande y menos regulada de toda la región Orinoco-Amazónica (incluyendo Colombia y Venezuela), algo que aporta un sustento esencial a la economía colombiana y sirve como la principal fuente de apoyo financiero del ELN.

Hemos podido determinar, con bastante precisión, la magnitud de las cicatrices físicas que han dejado las actividades mineras en el Parque Nacional Yapacana, y hemos logrado comprender la dinámica que se esconde detrás de estas cicatrices. Dada la voluntad política y las medidas adecuadas, el impacto físico y ecológico en YNP se puede revertir o al menos se pueden crear las condiciones para que la Naturaleza se encargue de curarlos (al menos aquellos que son más visibles). Sin embargo, lo que ocurre en Yapacana tiene repercusiones que van mucho más allá de lo ambiental y son de dimensión nacional e internacional.

Lea el informe completo en español publicado por SOSOrinoco el 15 de marzo, 2019: “La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana, Amazonas Venezolano | Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional”