Pemones al frente de la lucha por dejar entrar la ayuda humanitaria

Photo: Tiago Orihuela

Entrevista del ex Senador Alexander Luzardo Navas : El gobierno ha desatado una venganza contra los pueblos indígenas

5 marzo, 2019

especial Enrique Meléndez / 5 mar 2019.- El doctor Alexander Luzardo considera que Nicolás Maduro y el Ejecutivo han desarrollado una campaña de venganza contra los pueblos indígenas como consecuencia de no contar con su incondicionalidad. Leer más

Situación de los Pemones en la frontera venezolana-brasilera

Los indígenas Pemones de la Gran Sabana, en el Estado Bolívar/Venezuela, están al frente de la lucha para que la ayuda humanitaria proporcionada en forma solidaria por la comunidad internacional entre al país, la cual ha sido impedida en forma violenta y represiva por la dictadura de Nicolás Maduro, quien ha creado una situación de vulnerabilidad extrema.

En la lejanía del Sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, donde los indígenas de Venezuela se encuentran entre los más vulnerables y están sufriendo las consecuencias del colapso de   sistemas de salud, educación, alimentación y seguridad de Venezuela. Emilio González, alcalde de Santa Elena de Uairén (en la frontera con Brasil), dijo a Reuters y otras agencias de noticias que los Pemones estaban desarmados pero empeñados en permitir la entrada de la ayuda humanitaria desde Brasil.

El 22 y 23 de febrero cuando estaban todos los ojos puestos en la frontera entre Colombia y Venezuela esperando la entrada de la ayuda humanitaria desde Colombia, la  violencia tomó control en Santa Elena de Uairén y otras comunidades indígenas, cuando los Pemones fueron atacados sin piedad por fuerzas armadas del Gobierno que fueron enviados para confrontar a las protestas de los Pemones quienes intentaban parar al convoy del Gobierno, enviado para cerrar la frontera a la ayuda humanitaria por la entrada de Brasil.

Una Pemona fue la primera persona que murió el 22 de febrero por la acción de fuerzas represivas y grupos armados irregulares aliados y financiados por el régimen pero hubo decenas de heridos por las tropas que dispararon a matar con balas, causando una horrible masacre. Hasta ahora, 6 personas han muerto, cientos se mantienen en condiciones críticas en el Hospital de Santa Elena y en los alrededores de la frontera en Boa Vista (Brasil). Muchos líderes Pemones han desaparecido o están escondidos, incluyendo el Alcalde Emilio González y Olnar Ortiz, abogado de Derechos Humanos y Coordinador de indígenas del Foro Penal.

La represión y persecución de los Pemones en la frontera con Brasil ha continuado y hasta hoy 58 personas han sido detenidas (16 Pemones, 4 adolescentes y 20 todavía detenidos en el Fuerte Escamoto). El hospital en Boa Vista ha reportado que entre el 22 y 24 de febrero recibieron a 23 personas heridas de bala, 13 de ellos en situación crítica. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana tomaron control del Hospital Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, han impedido la entrada de familiares de las personas heridas. No permiten el ingreso  de periodistas, religiosos o asistencia humanitaria. A la fecha ha sido imposible verificar la cantidad de heridos y damnificados.

Negocios, casas y tiendas han sido requisadas arbitrariamente en toda la comunidad indígena y en toda Santa Elena de Uairén, se han apostado alcabalas en toda la región. El 27 de febrero del 2019 la Guardia Nacional Bolivariana inició una operación y tomó  control del aeropuerto de Santa Elena de Uairén. Este aeropuerto está dentro de los límites del territorio Pemón de Maurak y Turasen y en conjunto con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), los indígenas han participado tradicionalmente en el control de la administración del aeropuerto. Tres Pemones fueron arrestados y llevados al Fuerte de Escamoto donde fueron objeto de tortura y golpizas.

El primero de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida de cautelar a favor de los Pemones, la familia de los Pemones asesinados el 22 y 23 de febrero, Alberto Delgado capitán Pemón de San Francisco de Yuruani/Kumaracapai herido de bala el 23 de febrero, Olnar Ortiz de los Baré, y un grupo variado de indígenas arrestados el 23 de febrero, obligando al gobierno venezolano a garantizarle la vida e integridad física a los Pemones y a la comunidad de San Francisco de Yuruani/Kumaracapai.

El pueblo Pemón de Venezuela, ha sido hostigado y perseguido  con ensañamiento  y en forma  sistemática por el régimen de Maduro, y sin duda está en peligro  su integridad física, sociocultural  y su ambiente frágil, no solo en este momento crucial cuando defienden su vida conjuntamente con otros sectores de la sociedad venezolana, sino también por los planes gubernamentales como el mega-proyecto denominado Arco Minero que  ha generado gravísimos impactos ambientales y socioculturales. El régimen quiere apoderarse de sus territorios ancestrales  para el logro de sus propósitos extractivistas y para seguir realizando control político y social totalitario.

La hambruna avanza en Venezuela, razón por la cual hacemos un llamado a los pueblos indígenas de todo el planeta, las organizaciones ambientales, sociales, políticas, a los gobiernos, los parlamentos y la Naciones Unidas para detener el  etnocidio y el potencial genocidio.

 

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