Nuestro Objetivo

¿Por qué el Proyecto SOSOrinoco? El objetivo de SOSOrinoco es documentar y dar visibilidad a toda la problemática de la Amazonía, Orinoquía y la Guayana venezolanas, crear conciencia sobre la tragedia que está ocurriendo y perfilar algunas medidas urgentes que se deben tomar para detener el desastre humano y ecológico que se está desarrollando.

Nuestra motivación

SOSOrinoco es un grupo de investigación  iniciado en el 2018 por un grupo de expertos dentro y fuera de Venezuela. Han estado trabajando de manera anónima, debido al alto riesgo que conlleva este tipo de investigación en Venezuela. Su compromiso ha sido documentar y realizar un diagnóstico a fondo de la región al sur del río Orinoco y crear conciencia sobre la tragedia que se está produciendo, así como perfilar las medidas urgentes que se deben adoptar para detener este desastre.

Nuestra posición ante el Arco Minero del Orinoco

El Arco Minero del Orinoco es el rótulo que le ha colocado el régimen de Maduro a una inmensa extensión del territorio venezolano (111.843 km2), adyacente a la costa sur del río Orinoco y que es la “marca” de una política de apertura a la minería en general, pero que tiene como ambición principal el oro y el coltán. En un sentido estrictamente técnico tiene la apariencia de ser un marco de política con expresión geográfica sobre el cual el gobierno anuncia que promoverá la minería. En una situación de normalidad jurídica y política podría ser este su sentido, pero en la realidad el Arco Minero no es más que la manifestación pública, podría decirse que arrogante y desafiante, de la voluntad que tiene un estado fallido de promover la anarquía y el saqueo del patrimonio minero de la Nación venezolana. El Arco Minero no solo representa un área de los 111.843 km2 de territorio del norte y este del estado Bolívar, más grande que Portugal o Cuba, es una política de estado que alcanza todo el Sur de Venezuela, y más allá aún, a todo el país. En la realidad esta política de promoción de la anarquía, la expansión y la profundización de la minería se ha desbordado a sitios que en el mapa no están dentro del Arco Minero, como el parque nacional Canaima, la cuenca del río Paragua, la cuenca media y alta del río Caura (parque nacional Caura), el parque nacional Yapacana, la reserva de biosfera Alto Orinoco Casiquiare, todo el norte del estado Amazonas y la frontera sur de Amazonas con Colombia. Las repercusiones del Arco Minero han llegado incluso, y se han consolidado, al estado Carabobo y Cojedes, en los que hay al menos 3 importantes focos mineros establecidos con el mismo patrón del estado Bolívar. Por una parte, se sabe que desde su anuncio en el 2016 han proliferado las solicitudes y los contactos entre el gobierno y supuestas empresas para la explotación minera, fundamentalmente de oro y coltán, esto dentro de un marco de aparente apego a los procedimientos administrativos mineros, pero por otra parte, en la realidad, lo que está ocurriendo en el terreno es la profundización y la expansión de la explotación minera por parte de actores irregulares al amparo del gobierno.

Estos actores irregulares son:

• Las bandas organizadas de delincuentes dirigidas desde las instalaciones penitenciarias venezolanas (conocidas como “sindicatos” y “pranato”), los grupos paramilitares controlados por el gobierno (“colectivos”), los grupos paramilitares extranjeros que actúan en Venezuela por acuerdo con el régimen (guerrilla colombiana del ELN y FARC). Estos actores irregulares son fundamentalmente los entes operadores encargados del control territorial de las minas, quienes supervisan y fiscalizan a los mineros.
• Los actores financieros también son fundamentales en la estructura y son esencialmente comerciantes e inversionistas privados del estado Bolívar y de todo el país, quienes aportan los recursos económicos y entran como socios financieros en este inaudito esquema delincuencial.
• Los militares venezolanos de los 4 componentes de la Fuerza Armada Bolivariana, así como los cuerpos de seguridad del Estado (SEBIN, PNB, CICPC) son los actores “tope”, los que en última instancia están encargados de controlar toda esta trama y quienes actúan dentro de todo este sistema con la finalidad de imponer su violencia en caso de que sea necesario, y que se quedan con una importante tajada del botín, sea en dinero o en mineral.

En toda esta complejidad, el mecanismo es muy simple: se promueve la anarquía, pero dentro de ella se establecen “cuellos de botella” o “embudos”, estructurados por la más elemental y absoluta violencia, donde los personeros militares y civiles de la alta jerarquía del régimen (del partido de gobierno) interceptan y capturan una proporción importante del flujo de minerales y dinero. Esto es en la realidad el Arco Minero.

Los procesos para obtención de contratos y concesiones, dentro de la tradición de la administración minera estatal, es sólo una mascarada para justificar los inmensos flujos de dinero y de tráfico de minerales que puedan ser detectados o trazados. Dentro de tales procesos entran mayormente empresas de maletín, de “nuevos empresarios”, venezolanos y de países extraños como Turquía o China, quienes no tenían ningún tipo de antecedente como inversionistas en el país. Esto sin obviar que también “empresas militares”, creadas en el marco de una legalidad cuestionable, participan de esta mascarada.

Como política más que proyecto, el Arco Minero no tiene estructura formal ni límites geográficos. No obedece ni respeta leyes mineras, ni leyes ambientales. No ha generado ni un sólo estudio técnico que lo fundamente en lo geológico ni en lo ambiental y menos aún en lo social. Ni un solo estudio de impacto socioambiental, exigido por la Constitución, ha sido producido. Bajo la apariencia de institucionalidad de un absurdo Ministerio de Minería Ecológica y de una Misión Piar, en la realidad solo operan comisarios políticos del régimen, encargados de lubricar la intrincada trama delictiva de saqueo y expoliación del patrimonio público.

El Arco Minero no tiene ninguna consideración ética sobre sus impactos sociales y culturales. Promueve la prostitución, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, y fundamentalmente la desestructuración social de los pueblos indígenas. La única “resistencia indígena” que ha existido es la resistencia al Arco Minero, pero ha sido reventada a punta de violencia en innumerables matanzas silenciosas que han ocurrido en los últimos años y que han tenido como víctimas a indígenas metidos a mineros, especialmente en la matanza perpetrada en Santa Elena de Uairén en febrero del 2019.

Las instancias políticas de autogobierno indígena fueron desmanteladas y reorganizadas en torno a la hegemonía del partido de gobierno, las comunidades indígenas han sido empujadas a enfrentarse unas a otras por motivos tribales (rivalidades ancestrales), religiosos (católicos versus evangélicos) y políticos (oficialistas versus oposición), con el miedo a la violencia del régimen como lubricante y el reparto de dinero y dádivas, en el entorno de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del país, y que encontró a los indígenas sin defensas.

En definitiva, la minería en Venezuela, representada en el Arco Minero, se ha convertido en una actividad imbuida dentro de una gran trama delincuencial organizada que llega a todos los niveles del poder político y militar venezolano.

Llamado a la Actuación

En estos momentos en que la comunicad internacional está reconociendo cada vez más la naturaleza del régimen de Maduro, denunciándolo y responsabilizándolo activamente por sus violaciones a los derechos humanos, así como por la creciente crisis humanitaria y su carácter autocrático, es necesario también denunciarlo por sus crímenes contra el ambiente y contra los derechos humanos de los pueblos indígenas del Sur de Venezuela.

LO QUE PUEDES HACER:

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