Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos y ambientales advierten que la propuesta de Ley Orgánica de Minería en Venezuela representa una grave amenaza para los ecosistemas, los pueblos indígenas y las comunidades locales. Señalan que la iniciativa podría profundizar la destrucción ambiental, especialmente en la Amazonía y el Escudo Guayanés, al debilitar la transparencia, las salvaguardas ambientales y los derechos indígenas.

Entre las principales preocupaciones destacan la amplia discrecionalidad del Ejecutivo, la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental obligatorias y la apertura a la explotación en áreas vulnerables y parcialmente protegidas, así como la militarización de zonas mineras y el incumplimiento de estándares internacionales sobre consentimiento libre, previo e informado.

Ante ello, las organizaciones solicitan suspender la discusión del proyecto e incorporar mecanismos de transparencia, evaluaciones de impacto obligatorias, estándares ambientales y laborales más estrictos, garantías para los derechos indígenas y marcos claros de remediación y rendición de cuentas.

Este es un acuerdo para desconocer por ser contrario a los intereses de la República y en abierta violación de los derechos ambientales constitucionales, el Decreto 2.248, de fecha 24 de febrero de 2016, emitido por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 40.855, con una extensión de 111.846,70 kilómetros cuadrados, denominado Zona de Desarrollo Estratégico Minero Nacional Arco Minero del Orinoco.

GINEBRA (4 de julio de 2019) – Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado hoy insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.