Opinión de José Rafael Lozada, Lionel Hernández, Yrma Andreína Carrero sobre el Reporte «Situación Actual de la Minería Aurífera en el PN Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela»

Estimados amigos de SOS Orinoco.

Queremos remitir una opinión sobre el reporte que ustedes enviaron a IUCN y UNESCO titulado «Situación Actual de la Minería Aurífera en el Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela».

El documento es excelente; incluyó un esfuerzo muy técnico, detallado y bien coordinado, seguramente producto de un equipo de trabajo con bastantes recursos y tiempo de elaboración. Sin embargo hay aspectos donde tenemos ciertas diferencias, que se detallan a continuación:

1) No estamos de acuerdo con el Arco Minero del Orinoco (AMO). Sin embargo, tampoco se le pueden atribuir cosas que no son correctas (página 7). El proceso de minería en el Parque Nacional Canaima (PNC) comenzó mucho antes que el AMO y espacialmente está fuera de sus linderos. Desde el punto de vista socio-político tampoco están relacionados.

2) La afirmación de que la mayoría de los ecosistemas del PNC están en estado prístino es discutible (página 9). Hay enormes superficies afectadas por fuegos de origen antrópico.

3) Los operativos militares no son eficaces (página 28), porque no están atacando el problema de raíz. Esto se analiza más adelante.

4) Tal vez se está sobre-dimensionando la importancia de algunos actores (páginas 30 y 31). La minería en el PNC es un proceso diferente a lo que ocurre en Las Claritas, El Dorado, Tumeremo, El Callao, Bochinche, etc. La minería en PNC es ejecutada, de manera espontánea y autónoma por los indígenas. Los políticos, militares, criollos y sindicatos tienen poca influencia; no es nula, pero si es muy reducida. El único político con gran influencia es el Sr Emilio González (miembro de la etnia Pemón, minero de Parkupí – orillas del río Icabarú- y Alcalde del Municipio Gran Sabana). De igual forma, se podría estimar que más del 80% de las 33 minas que ustedes reportan dentro y alrededores del PNC están controladas actualmente por indígenas, no por criollos; las pocas excepciones estarían en El Polaco, San Salvador de Paúl, Chicanán, Las Claritas y algunos sitios del río Carrao (en este caso por influencia de criollos que se asentaron en la Laguna de Canaima); en muchos lugares puede haber criollos trabajando para pequeños empresarios indígenas. Los grandes políticos (del Gobierno central) y los militares han tenido enfrentamientos con los indígenas y eso ha sido ampliamente divulgado en la prensa. Declaraciones recientes (últimos dos meses) indican que el Alcalde González y los Caciques de Gran Sabana defienden el derecho de los indígenas a explotar la minería, niegan los intentos (a nivel de declaraciones) de control de la minería por parte del Gobierno central. El Sr González dice que el gobierno lo que quiere es entregar esas minas a empresas extranjeras. En la página de Facebook «Noticias de Santa Elena de Uairén» frecuentemente aparecen noticias sobre estos asuntos; los Caciques de Gran Sabana también tienen un perfil en Facebook.

5) La frase «forcejeos políticos y físicos» es una ironía (página 37). En varias oportunidades el gobierno envió a los militares a tratar de controlar la situación y fueron desarmados y sometidos por los indígenas; eso ha sido divulgado por la prensa. La foto de 2013 donde los militares fueron amarrados y arrodillados en Urimán refleja una situación que no es fácil de entender. Hubo una conversación personal con un oficial en Gran Sabana y sus palabras textuales fueron «¿qué podíamos hacer?, ¿disparar?, ¿ocasionar una matanza?, ¿cómo quedan las fuerzas armadas si allí ocurren varios soldados y decenas de indígenas muertos?, ¿qué podían hacer 20 soldados ante 200 indígenas armados?» No es totalmente seguro que militares y políticos «permiten» que los Pemón tengan el control; tal vez algunos lo hacen, de manera aislada, por corrupción. Lo que sí es probable es que el asunto no está correctamente diagnosticado y eso impide atacar el problema con eficiencia; el Gobierno no sabe qué hacer.

6) Tenemos algo de coincidencia con esta frase «desde los últimos años de los 1990 ha habido una especie de acuerdo tácito de ambientalistas y políticos por no poner en relieve la situación» (página 38). No la compartimos totalmente porque lo que ocurre (muy probablemente) es que casi nadie quiere decir que hay un ARCO MINERO INDÍGENA (AMI). Los políticos, los ambientalistas y la mayor parte de LOS ANTROPÓLOGOS no quieren aceptar que son los propios indígenas los que están destruyendo sus territorios ancestrales (tampoco lo dice Valentina Quintero). De las minas que ustedes reportan, al menos 28 están controladas por indígenas; a eso hay que sumar las del Alto Karún, Tonoro, El Casabe (todas éstas en la cuenca del río Paragua) y algunas de El Caura (allí participan miembros de las etnias Yek´wana, Sanema y Hibi). ESTO NO SON HECHOS AISLADOS, pensamos que el factor común en todas estas minas es una decisión de los pueblos indígenas para ejecutar la minería de manera comercial; no hay una declaración oficial (obvio que no), pero ya está en marcha un ARCO MINERO INDÍGENA. Desde hace más de 2 años estamos diciendo eso en diferentes conferencias (incluyendo Puerto Ordaz) y casi nadie toma en cuenta ese argumento. Se logró incluirlo en el remitido aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes sobre el Arco Minero (2017), pero eso no alcanzó mayor trascendencia. La raíz del problema es la transculturación; los indígenas han cambiado el modo de vida ancestral en cuanto a vivienda, vestido, alimentación, transporte, uso de artículos del hogar, etc. El ecosistema no aporta excedentes de cultivos, cacería o pesca para adquirir esos bienes y servicios; hay sobre-explotación de algunos recursos naturales renovables y en algunos casos ya se ha detectado degradación. Por lo tanto, los indígenas se vieron obligados (desde hace muchos años) a trabajar en turismo y comercio. La disminución del turismo y la deplorable situación económica (inflación), colocaron a los indígenas en una situación angustiosa y ellos pasaron de una ocasional minería artesanal (sólo con picos, palas y bateas) a la destructiva minería comercial (usando motores en monitores hidráulicos y balsas). La dimensión de la transculturación es inmensa; una frase común que ellos dicen es «nosotros no vamos a volver al guayuquito … tenemos derecho a vivir como cualquier humano, a tener los lujos que puede tener otra persona»; hay muchos indígenas que ya no comen casabe. Si sólo fuera un problema de comida, eso podría resolverse con minería artesanal (que no es tan destructiva); pero los bienes que ellos quieren actualmente requieren entradas de dinero que sólo las puede suministrar la minería comercial. El detalle relevante es que están dentro de un parque nacional (aunque sus declaraciones más recientes dicen que es el parque el que está dentro de su territorio). Con estas premisas, es obvio que un operativo militar (como medida aislada) no será eficiente y ningún político va a asumir el costo de popularidad de un desalojo violento. Hay que insistir en que si el indígena viviera su modo de vida ancestral (lo cual está amparado por las leyes) no sufriría por la ausencia de turistas ni por la inflación. La denuncia que hace SOS Orinoco ante IUCN y UNESCO es válida desde el punto de vista de determinar que el PNC debe ser incluido en la Lista de Patrimonios en Peligro. Pero, A LO INTERNO, ESO NO ES UNA SOLUCIÓN. Falta mucho para diseñar soluciones; para llegar a eso hay que hacer diagnósticos con mayor participación y con mayor SINCERIDAD. Otro elemento que se debe tomar en cuenta es que la mayor parte de la acción de políticos y ambientalistas, sobre el tema minero, se centra en la oposición al AMO; algunos confunden el AMO con el AMI, pero reiteramos que son procesos diferentes en los aspectos históricos, geográficos, ambientales y socio-políticos.

7) La Guardia Territorial Pemón no es supuesta (página 39); existe y ha sido reseñada por la prensa (inclusive con fotos). Eso es un grupo paramilitar indígena, totalmente ilegal, que no sólo pretende controlar y proteger las minas indígenas sino que también se quieren apoderar de las minas de Icabarú, lugar donde los criollos practican minería desde hace más de 50 años (independientemente de que sean legales o no). De hecho, para ir de turismo a El Paují, El Abismo, Pozo Esmeralda o Salto Catedral, hay que pagar una «visa» en una oficina indígena en Santa Elena de Uairén. Ya hubo varios enfrentamientos (con fatalidades) por este grupo paramilitar y se estima que puede haber más; están cobrando por el pase de combustible, comida y otros insumos a Icabarú, están actuando como un «sindicato». Además están sustituyendo a los cuerpos policiales en Gran Sabana; en el grupo de Facebook «Noticias de Santa Elena de Uairén», hace pocos días alguien hizo la denuncia del robo de un vehículo y una respuesta expresó «pon foto para ver pa que lo agarren la seguridad aretauka kumarakapay y guardia territorial pemón».

8) Apoipó debe ser agregado como frente minero en expansión (Conclusiones). Es un área bien grande y reúne condiciones que favorecen las destructivas actividades mineras: hay riqueza, tiene acceso por carretera, no es tan lejos de Santa Elena de Uairén y está fuera del PNC. En poco tiempo eso será muy parecido a Las Claritas.

Para finalizar, reiteramos que el principal problema actual dentro del PNC (y también en las cuencas del Caura y el Paragua) es el ARCO MINERO INDÍGENA. Eso tiene connotaciones muy fuertes desde el punto de vista antropológico, social, político, ambiental, de seguridad, defensa y un largo etcétera. Quienes suscribimos estos comentarios hicimos un artículo que está en arbitraje en una revista científica; será divulgado cuando se obtenga la aprobación correspondiente. El problema debe ser atacado con una visión multidisciplinaria e interinstitucional. Si el diagnóstico es errado, las soluciones no serán efectivas. Casi nadie quiere aceptar la magnitud de la responsabilidad de los indígenas en la destrucción que está ocurriendo en el PNC; son ellos quienes están ejecutando esa minería. Cerrar los ojos o buscar otros culpables principales no es una opción razonable.

Saludos cordiales.

José Rafael Lozada

Lionel Hernández

Yrma Andreína Carrero

Opinión del Dr. Edgard Yerena sobre el comentario de José Rafael Lozada, Lionel Hernández, Yrma Andreína Carrero sobre el Reporte «Situación Actual de la Minería Aurífera en el PN Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela»