Lejos de ser una actividad minera legal, que arroje beneficios para el Fisco Nacional, la minería del coltán no es otra cosa que una actividad totalmente sumergida en la corrupción y que tiene por finalidad el enriquecimiento de particulares: políticos oficialistas, militares, guerrilleros (aunque éstos seguramente como medio para el financiamiento de sus operaciones como organización delictiva) y cooperantes financieros y técnicos del régimen. Es una actividad que, a costa de los profundos impactos sociales que tiene sobre comunidades indígenas vulnerables, no tiene otra finalidad que la de enriquecer las operaciones ilegales de estos actores y sus propios bolsillos.